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PRIMER TRIBUNAL POR UNA JUSTICIA FEMINISTA EN COLOMBIA

Por Laura Fernanda Bohórquez Rincón.

Fotografías por Laura Fernanda Bohórquez Rincón.

El pasado 10 de diciembre se realizó en el auditorio Luis Guillermo Vélez, del nuevo edificio del Congreso de la República, ubicado en Bogotá, el Primer Tribunal a la Justicia Patriarcal en Colombia. El evento contó con la participación de distintas organizaciones feministas y LGBTI del país que buscaban contar sus experiencias de violencias machistas en distintos ámbitos como el laboral, universitario y jurídico en un ejercicio de visibilización y construcción de una justicia para todos.

“Las autoridades consideran algo tan sencillo y tan normal la violencia intrafamiliar y miremos cómo termina, qué desencadena.”

El Tribunal estuvo dividido en dos jornadas, en la primera, realizada en la mañana, las delegaciones de diversas ciudades como Bucaramanga, Medellín, Neiva, entre otras, presentaron sus casos ante los miembros del congreso Alberto Castilla, Aída Avella y María José Pizarro quienes hacían de compromisarios en el evento.

El primer caso expuesto fue el de Kenede Susana Vega de Soledad, Atlántico, víctima de tentativa de feminicidio. La joven de 27 años fue agredida físicamente por su expareja sentimental, Armando José Castro Maldonado, quien decidió cortarle su cabello y parte de su cuero cabelludo por negarse a tener relaciones sexuales con él. Vanesa Manotas, abogada especialista en derecho de familia y miembro de la Confluencia de Mujeres del Atlántico, quien expuso el caso, afirma que hubo fallas en el sistema, puesto que la víctima habría denunciado a su agresor por violencia intrafamiliar en anteriores ocasiones. Además, en esta última agresión en la que casi acaba con la vida de Vega, la medida de protección impuesta fue una orden de alejamiento, y para la abogada debían haberse tomado otras medidas, contempladas en la Ley 1257, que permitieran garantizar el bienestar de la joven barranquillera y de sus tres hijos, puesto que Kenede Vega tuvo que ponerse en contacto con Maldonado por los alimentos de los menores, “las autoridades consideran algo tan sencillo y tan normal la violencia intrafamiliar y miremos cómo termina, qué desencadena”, agrega la abogada.

“En la Universidad es más peligroso el discurso machista porque está respaldado por unos intelectuales y tiene una carga académica dañina.”

Entre los nueve casos que se presentaron, también se destaca el mostrado por las estudiantes del instituto de filosofía de la Universidad de Antioquia, quienes sentían que dentro los salones de clase y los pasillos de la institución existían el acoso y el abuso hacia las mujeres. Ante esto, crearon un comité de género y una de sus primeras acciones fue crear un “tendedero” virtual donde distintas estudiantes escribían anónimamente experiencias de violencia dentro del plantel educativo. Para su sorpresa, recibieron muchos mensajes de mujeres que se atrevían a contar sus historias. Comentan que los protocolos de atención son inefectivos y terminan re victimizando. “En la Universidad es más peligroso el discurso machista porque está respaldado por unos intelectuales y tiene una carga académica dañina”, agrega una de ellas.

Entre los compromisarios también se encontraba Rosario Montoya, de la Confluencia de Mujeres para la Acción Pública del Congreso de los Pueblos, quien afirmo que este tribunal era simbólico porque permitía visibilizar las violencias que han sufrido las mujeres y buscar construir otras formas de justicia. También, Aída Avella, senadora del Congreso de la República, quiere proponer al gobierno tener fincas en cada departamento que sirvan como centro de acogida a las mujeres víctimas de violencia, un lugar que sirva de espacio para la organización y construcción de entornos de confianza y desarrollo social. Además, propuso crear un proyecto de ley donde la amenaza de muerte sea un delito, esto con el fin de prevenir los feminicidios, “cuando matan a una mujer, asesinan también a sus hijos”, afirmó Avella.

“No cargamos con violencias sobre nuestros cuerpos, sino que recogemos esas experiencias de nuestras madres y buscamos que nuestras hijas puedan vivir en un entorno con más garantías del que recibimos nosotras.”

Por su parte el senador Alberto Castilla afirmó que el patriarcado es un sistema opresor que no garantiza los derechos ni a las mujeres ni a las diversas opciones de género, que reproduce la desigualdad y que “profundiza en un estado de cosas favorables para el capital”. Aseguró que, a pesar de las normas y las leyes que buscan prevenir los feminicidios, el Tribunal le decía a la sociedad colombiana que estas no se cumplen y que los administradores de justicia no estaban ejerciendo su papel. Castilla se comprometió a hacerle seguimiento a los casos expuestos y a buscar la construcción de una justicia antipatriarcal en el parlamento.

Por último, María José Pizarro, representante a la Cámara, comentó que “Como mujeres, no solo cargamos con violencias sobre nuestros cuerpos, sino que recogemos esas experiencias de nuestras madres y buscamos que nuestras hijas puedan vivir en un entorno con más garantías del que recibimos nosotras, es un compromiso generacional”. Afirmó además que el compromiso sigue siendo el mismo: buscar un congreso con el mismo número de hombres y mujeres en él, donde haya más espacio en la agenda para temas de género.

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